Del dicho al hecho, dice el refrán, hay un largo trecho. Trasladado al ámbito de la Justicia, el proverbio sigue conservando su sentido: de la letra de la ley al ejercicio real del derecho existe, muchas veces, una extensa distancia. Distancia que sufren especialmente los sectores más postergados de la sociedad, aquellos que por su situación poseen menos recursos para su defensa y cuya misma condición de ciudadanos se ve en ocasiones amenazada.
Para achicar esa distancia y promover el respeto pleno de la ley surgió en 1995 la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), una organización apartidaria y sin fines de lucro que trabaja en el monitoreo de políticas públicas, promueve reformas legales, realiza investigaciones y lidera campañas de incidencia social para restaurar derechos vulnerados. Entre otros recursos, utiliza el litigio judicial como herramienta privilegiada para impulsar sus reformas.
En la actualidad, ADC está integrada por seis direcciones: junto a la de Litigio de Interés Público, funcionan, coordinadas, las áreas de Libertad de Expresión, Justicia y Estado de Derecho, Derechos Económicos Sociales y Culturales, Privacidad y Acceso a la Información. Entre los temas en los que la ONG ha intervenido desde su creación figuran, por ejemplo, el derecho de acceso a la información pública, la transparencia judicial, el respeto por los derechos de la comunidad LGBTIQ, el cupo femenino y el derecho a una educación inclusiva para chicos con discapacidad.
“Tenemos una trayectoria de más de 20 años de compromiso con la defensa de los derechos ciudadanos y del buen funcionamiento de las instituciones democráticas”, repasa Torcuato Sozio, director ejecutivo de ADC, y recuerda que hoy, gracias al trabajo de la ONG, existen rampas de acceso para personas con discapacidad en edificios públicos del país. Porque de eso se trata su misión: de afianzar una cultura jurídica que garantice los derechos fundamentales de las personas.
DIRECTORIO
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AGENDA INTEGRAL
ADC desarrolla una agenda de trabajo que incluye, entre otras acciones:
- Fiscalización del accionar del Estado.
- Monitoreo de políticas públicas.
- Actividades de investigación.
- Litigio de interés público.
¿CÓMO COLABORAR?
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